El 14 de agosto de 1985, un atroz crimen estremeció Ayacucho. La comunidad de Accomarca, ubicada en la provincia de Vilcashuamán, fue el escenario donde la sangre de los comuneros se entremezcló con balas, incendios y granadas de los efectivos militares. La masacre dejó sesenta y nueve pobladores muertos, así como un largo camino para que la justicia alcance a sus familias.
Los hechos
Al recibir información de presencia terrorista en la comunidad de Accomarca (Vilcashuamán), el Jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, Wilfredo Mori Orzo ordenó la elaboración de un plan cuyo propósito consistía en la captura y/o destrucción de elementos terroristas existentes en la quebrada de Huancayocc. De esta manera nace el denominado “Plan Huancayocc”
Así, el 9 de agosto de 1985, efectivos del ejército llegaron a San Sebastián de Huamanmarca, distrito de Huambalpa, donde además de asesinar a ocho personas, saquearon y quemaron sus viviendas. En Lloclla, Huancayoc, Pitecc y Ahuaccpampa siguieron sus incursiones. Así, antes de retirarse a Vilcashuamán, habrían asesinado a Seferino Baldeón Palacios, Pelayo Quispe Palacios y Cornelio Quispe Baldeón.
En los días siguientes, las patrullas del Ejército continuaron ocasionando desmanes en Quinuas, Runcua y Pitecc, donde se encontraron con otras patrullas que llegaron de Vilcashuamán y Huambalpa. Entonces enrumbaron hacia Accomarca, adonde llegaron a las cinco y treinta de la tarde.
En la mañana del 14 de agosto, las patrullas del subteniente EP Telmo Hurtado Hurtado y la del teniente EP Juan Rivera Rondón –aproximadamente 25 efectivos– bajaron a Llocllapampa, ubicado a tres kilómetros de Accomarca. Ahí, bajo el pretexto de una asamblea, los militares reunieron a 69 comuneros en la plaza de dicho poblado.
Los agruparon en tres viviendas, previa separación de hombres, mujeres y niños: a los hombres los encerraron en la casa de Cipriano Gamboa, a las mujeres en la casa de César Gamboa y a los niños los llevaron a la casa de Rufina de La Cruz. Pero, tal como indican los testigos, las mujeres fueron llevadas previamente a una acequia en donde las habrían violaron. Ello se deduce de los gritos que escucharon los comuneros mientras permanecían escondidos entre los matorrales.
Los militares acusaron a los pobladores de terroristas, ya que tenían referencias de que en Llocllapampa funcionaban dos escuelas populares y un centro de abastecimiento senderista, con municiones, alimentos y frazadas. Luego empezaron los disparos y tras ello, la desesperación. Las mujeres gritaban aterrorizadas, los ancianos pedían auxilio, los niños lloraban. Sin embargo los efectivos no cesaban en su accionar, por el contrario, procedieron a incendiar las viviendas y finalmente les lanzaron granadas.
A las cuatro de la tarde, los efectivos se retiraron. Los pobladores que habían logrado escapar regresaron al lugar y observaron la horrible escena: 39 adultos y 23 niños ejecutados.
Pero la masacre aún no había terminado. En las semanas siguientes fueron asesinados varios testigos del múltiple crimen con el evidente propósito de ocultarlo y sustraer a los responsables de la acción de la justicia.
Así, el 8 de setiembre, efectivos militares mataron a Brígida Pérez Chávez y a su hijo Alejandro Baldeón, testigos de la matanza de Accomarca. Al día siguiente, efectivos el ejército del cuartel de Vilcashuamán detuvieron a Martín Baldeón Ayala, de 66 años de edad y lo llevaron a la base de Vilcashuamán. Diariamente, su esposa Paulina Pulido Palacios acudía al cuartel para entregarle alimentos. Pero el 16 de setiembre fue detenida. Nunca más se supo del paradero de ambos.
La investigación
El 11 de setiembre de 1985, el Senado nombró una comisión investigadora presidida por Javier Valle Riestra que tenía como propósito, investigar las matanzas de Pucayacu y Accomarca.
Dos días después de nombrada la comisión, el entonces diputado Fernando Olivera encontró ocultos los cuerpos de cinco personas –sin rigor mortis, sangrantes, asesinadas a balazos– en nichos del cementerio de Accomarca. Según el testimonio de Viviana Baldeón Pulido, horas antes del arribo de la comisión investigadora, militares habrían llegado a la zona y eliminado a los testigos.
Como parte de sus indagaciones la comisión senatorial entrevistó al subteniente Telmo Hurtado en el cuartel “Los Cabitos” (Ayacucho). Hurtado no mostró arrepentimiento alguno por lo ocurrido e incluso llegó a justificar el asesinato de niños aduciendo que los comunistas iniciaban el adoctrinamiento de sus seguidores desde muy temprana edad.
El 12 de octubre, la comisión investigadora emitió su informe final. Concluyó que en el caso Accomarca-Llocllapampa, se perpetró un delito común y no castrense, que es probable que la cifra de víctimas fuera de aproximadamente 69 y que no se demostró si hubo violación sexual. Asimismo, indicó que era necesario estudiar si los autores materiales actuaron en virtud de órdenes verbales o si sus acciones respondieron a la formación recibida.
Acciones Judiciales
El 17 de setiembre, el fuero militar abrió instrucción contra el Sub Teniente Telmo Hurtado y otros militares por abuso de autoridad y homicidio en agravio de 69 civiles fallecidos en Accomarca. Simultáneamente, el juez instructor ad hoc abrió instrucción por homicidio calificado.
Pese a que la responsabilidad de los altos mandos y mandos intermedios estaba clara en la matanza de Accomarca –en tanto era producto de la política dirigida desde el Estado a través del Presidente de la República y los altos mandos del Ejército y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas– el caso fue ventilado en la justicia militar por decisión de la Corte Suprema, en marzo de 1986. En ese fuero, Telmo Hurtado fue absuelto de los delitos de homicidio, negligencia y desobediencia, y sólo fue condenado –por abuso de autoridad– a seis años de prisión y al pago de 500 soles por concepto de reparación civil a los deudos de las víctimas. El resto de efectivos militares fue absuelto.
Siete años más tarde, el Consejo Supremo de Justicia Militar, confirmó la sentencia y la reparación otorgada. Para entonces Telmo Hurtado ya ostentaba el grado de capitán. Posteriormente, en mayo de 1999, la prensa informó que Hurtado laboraba normalmente en la Sexta Región Militar del Ejército y que incluso ya había ascendido a mayor.
Todas las reacciones y acciones de las Fuerzas Armadas y del propio presidente Alan García –quien ofreció modificar la política subversiva pero los posteriores atropellos y violaciones a los derechos humanos comprueban que no lo hizo– se dirigieron a encubrir los hechos y a encontrar un chivo expiatorio –Telmo Hurtado– quien pese a su responsabilidad en el caso no es el único implicado. Los altos mandos y mandos intermedios, así como todos los que participaron en la planificación, coordinación, ejecución y encubrimiento de este crimen de lesa humanidad tienen una deuda pendiente con la justicia y con la nación.
La denuncia
El 2 de febrero pasado, la fiscal especializada en derechos humanos Cristina Olazábal, presentó la denuncia contra el ex presidente Alan García, por delito de omisión impropia, y otros altos mandos militares (entre ellos, César Enrico Praeli, ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Jorge Flores Torres, ex ministro de Guerra; Sinesio Jarama Dávila, jefe de la Segunda Región Militar; Wilfredo Mori Orzo, jefe político militar de Ayacucho; Nelson Gonzáles Feria, ex jefe del Estado Mayor; César Martínez Uribe, ex comandante del Estado Mayor; José Williams Zapata, ex jefe de la compañía Lince; entre otros) por el asesinato y genocidio de 69 pobladores de la comunidad de Accomarca.
Desde entonces, la fiscal Olazábal fue objeto de duras críticas por parte de sectores vinculados al partido aprista, así como de continuos hostigamientos y amenazas. Asimismo, en abril pasado, la Fiscalía Suprema de Control Interno solicitó su destitución, pero el pedido no prosperó. Pese a ello, la magistrada ha recibido el respaldo de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, así como de los propios afectados por la violencia quienes destacaron su labor.
El 1º de abril pasado, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, emitió la Resolución Administrativa No 075-2005 en la que señalaba que “los Juzgados Penales Supraprovinciales que funcionan en el distrito judicial de Lima tienen competencia para conocer delitos contra la humanidad (...), así como los delitos conexos a los mismos, acontecidos en cualquier lugar del territorio nacional”. Con ello, el caso Accomarca y otros en los que hubiera tres o más agraviados, fueron trasladados a Lima.
El 1º de junio, el titular del Tercer Juzgado Supraprovincial, Walter Castillo, abrió proceso con diversos mandatos de detención a más de 20 militares, presuntamente responsables de la matanza de Accomarca pero decidió archivar, en primera instancia, la denuncia penal que emitió la fiscal Cristina Olazábal contra Alan García, tras determinar que no se han presentado las pruebas suficientes para abrir un proceso penal al líder aprista. Tampoco abrió instrucción contra el ex ministro de Guerra, Jorge Flores Torres; el ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Enrico Praeli; ni contra el ex jefe de la Segunda Región Militar, Sinesio Jarama Dávila.
Gracias a https://www.youtube.com/user/alvamp15
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